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EJE TEMÁTICO 3: Políticas de inversión pública y su impacto sobre el desarrollo rural

Durante las últimas décadas nuevos instrumentos de gestión pública han sido incorporados al mundo rural. Entre ellos destaca el presupuesto participativo que ha permitido la aparición de un espacio público, antes inexistente, en el que interactúan organizaciones sociales y gobiernos locales en una perspectiva de desarrollo territorial rural. Otros instrumentos de gestión pública relevantes en el medio rural incluyen la zonificación económica y ecológica y los planes de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo regional, provincial y distrital. Asimismo, se han creado gerencias de desarrollo en muchos municipios rurales, especialmente aquellos cuyos recursos se han multiplicado debido al canon, se han  conformado mancomunidades municipales, y otras instancias de planificación y gestión.-.

A pesar de esta amplia gama de instrumentos e instancias, que podrían dar luces sobre las prioridades de inversión pública a escala regional y local, una parte importante de las inversiones relevantes para el ámbito rural continúan definiéndose directa o indirectamente a escala nacional. En algunos casos, mecanismos nacionales como el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) tienen problemas para adecuar la normatividad general para que sea aplicable en el mundo rural. En otros casos, iniciativas como la de Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE) -que debiera permitir a gobiernos regionales y locales mejorar la competitividad de las cadenas productivas en sus áreas de influencia a partir del uso de inversión pública vía el mecanismo de cofinanciamiento- tienen dificultad para operar en el mundo rural.

Por encima de los problemas de gestión existen también prioridades políticas de carácter nacional o regional que imprimen un particular sesgo a las políticas de inversión en el mundo rural. Por ejemplo, los grandes proyectos de irrigación siempre han sido objeto de controversia. Lo normal en el Perú es que estos proyectos hayan representado grandes inversiones cuya rentabilidad económica, social y ambiental ha sido dudosa pero han sido implementados luego de un apoyo importante de distintas coaliciones sociales. Los efectos de las inversiones públicas en el sector están mediados por los marcos institucionales (formales e informales) que operan tanto a nivel nacional como en los espacios rurales, y por el papel que juegan diferentes coaliciones en atraer y eventualmente regular el tipo y la localización de dichas inversiones. Así, sin entender los procesos políticos, económicos e institucionales que determinan estas prioridades será difícil diseñar políticas y marcos institucionales que favorezcan la inversión pública rural.

La inversión pública en los espacios rurales del país se ha venido incrementando. Está inversión incluye tanto los rubros de infraestructura (productiva y social) como la inversión en sistemas de información, de sanidad agropecuaria, de planificación, de innovación, protección del medio ambiente, etc. El incremento de la inversión en infraestructura vial, en telecomunicaciones, electrificación, agua y saneamiento ha sido importante. En el lado productivo la inversión en riego, en sanidad agropecuaria también ha sido importante. A nivel local el incremento sustantivo (pero desigual) de los presupuestos de las municipalidades rurales ha permitido una expansión sin precedente en sus inversiones.

En este contexto, las investigaciones que el SEPIA quiere reunir en este eje temático buscarán explorar bajo qué condiciones la inversión pública puede garantizar un crecimiento rural más inclusivo y ambientalmente sostenible. Un tema central a ser investigado aquí es cómo se resuelven las tensiones entre los impactos económicos y los impactos ambientales de las inversiones públicas en el ámbito rural, y el rol que juegan las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) y las evaluaciones ambientales estratégicas (EAE) en este proceso. Al mismo tiempo, nos interesa entender el rol que tienen los mecanismos de planificación local para identificar la inversión pública local que mejor dinamice las economías locales.

En el entendido que la asignación de inversiones en el ámbito local no es un proceso políticamente neutro, importa también estudiar de qué manera los actores sociales influyen en la asignación de la inversión pública y si existen coaliciones que permiten que la asignación de la inversión sea más pro-pobre y logre ser compatible con un crecimiento ambientalmente sostenible. También interesa estudiar, en qué medida los recursos provenientes de los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades Provinciales o de instituciones de nivel nacional terminan concentrándose en segmentos específicos en desmedro de otros grupos.

Lo normal sería esperar una muy reducida capacidad de los actores sociales para concertar inversiones en propuestas estratégicas para el desarrollo económico local. Interesa conocer experiencias donde esto se ha logrado y entender qué procesos lo permitieron. En esta línea es bienvenida la investigación que evalúe críticamente el rol que han cumplido los Comités Locales de Asignación de Recursos (CLAR).

Dada la fragmentación del sistema político peruano, es común encontrar que las inversiones se concentran en obras de infraestructura vial, riego, educación y conectividad a Internet, al mismo tiempo que no existen incentivos a la coordinación inter-municipal, lo que fragmenta las inversiones. ¿En qué medida es posible enfrentar esta fragmentación política a partir de las mancomunidades de municipalidades? ¿Qué rol han tenido éstas para hacer viable inversiones públicas de mayor envergadura?

El desarrollo rural también supone tener intervenciones de carácter transversal y no sólo sectorial. Interesa conocer aquí qué experiencias se tienen sobre coordinación intersectorial; qué funciona y qué no. Interesa explorar también las relaciones entre los gobiernos distritales y provinciales con los gobiernos nacionales y regionales en materia de inversión pública dirigida al sector rural.  Nos interesa también un análisis crítico de los planes de ordenamiento territorial a nivel distrital. ¿En qué medida han servido para aumentar las oportunidades de coordinación intersectorial en el espacio rural?

Asimismo interesa saber qué experiencia se tiene tanto a nivel nacional como en los ámbitos regionales y locales sobre el proceso de evaluación de las inversiones realizadas. ¿Qué mecanismos hay para evaluar la calidad ex-post de la inversión dirigida al mundo rural?

Finalmente, una parte nada desdeñable de la inversión en infraestructura y en servicios en las zonas rurales proviene del sector privado. Esta inversión incluye aquella realizada en la costa por grandes empresas agroindustriales; en la sierra por las grandes empresas mineras y en la selva por empresas ligadas al sector hidrocarburos. Interesa explorar en qué medida la inversión pública y la inversión privada son complementarias o una substituye a la otra.

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