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EJE TEMÁTICO 2: Servicios ambientales y desarrollo rural sostenible

Los servicios ambientales son un marco conceptual para interpretar cómo los ecosistemas, (incluidos aquellos modificados por las personas como los agrícolas), interactúan con los seres humanos, transfiriendo bienes, regulando flujos y otras condiciones ambientales, y generando beneficios intangibles (como la recreación, aspectos espirituales, el conocimiento). Para ello, los ecosistemas deben garantizar su permanencia e integridad en el tiempo. En tal sentido se pueden diferenciar los servicios de provisión, regulación, culturales y de soporte, respectivamente (Evaluación de Ecosistemas del Milenio, EEM).

Existen más de 30 tipos de servicios ambientales que los ecosistemas proveen. Ejemplos notorios incluyen la regulación del agua, la producción agrícola, la producción de biomasa pesquera, los animales de caza, los beneficios espirituales, la regulación de plagas, la regulación de la temperatura y la humedad del aire, la regulación de los flujos de carbono, entre otros. La mayor parte de ellos ocurren en el ámbito rural, donde los espacios naturales y agropecuarios se relacionan directamente. Los servicios ambientales, en esta perspectiva, son por tanto un marco donde se puede evaluar la sostenibilidad del espacio rural y de su desarrollo, marco que permite articular análisis ecológicos, sociales, económicos, culturales, entre otros.

A pesar de su ubicuidad y de su importancia para garantizar nuestra propia supervivencia (sin contar la supervivencia de otras especies), la información con la que actualmente contamos sobre los servicios ambientales es escasa o prácticamente nula en muchos temas. Carecemos de mediciones específicas que nos permitan evaluar la importancia de los beneficios, tanto en términos económicos como ambientales y sociales.

En ese sentido, la provisión de agua, de pesca, caza y otros bienes, así como la regulación de carbono, son  excepcionales, en tanto tienen mecanismos y protocolos desarrollados para su evaluación, monitoreo y valoración, incluso con mercados funcionando (algunos locales y otros globales). El caso más conocido es probablemente el de los bonos de carbono, que cuenta incluso con dos mercados, el oficial y el voluntario, que se basan en los acuerdos de Kyoto. En el caso del agua, existen experiencias en varios países de mercados vinculados a la provisión del agua, pero pocas experiencias vinculadas a la regulación que los ecosistemas generan del flujo hídrico. A nivel nacional, un caso excepcional es el de Moyobamba, donde se ha desarrollado un sistema de Pago por Servicios Ambientales que busca garantizar la regulación del flujo hídrico.

Curiosamente, este desarrollo en los marcos institucionales (económicos y legales) del carbono y el agua contrasta en el país con la escasez de información necesaria para entenderlos y describirlos, aún en aquellos casos altamente reconocidos por la comunidad nacional e internacional. Existe poca información para evaluar, a nivel nacional, la capacidad de los ecosistemas de regular el flujo hídrico. Un servicio tan elemental de la vegetación como la retención del suelo que reduce el riesgo de avalanchas – problema clave a nivel nacional – no cuenta con información suficiente como para poder documentar estrategias de planificación regional.

La valoración no económica está menos desarrollada aún. No existe un marco conceptual que permita valorar (en términos ambientales, legales ni económicos) el valor de los ecosistemas que soportan la actividad turística, pues resulta aún difícil delimitar en muchos casos el tamaño del ecosistema que soporta dicha actividad. Más aún, en procesos de ordenamiento territorial, donde se buscar tomar decisiones sobre cuál es el valor de una actividad y compararlo con el de otro tipo de actividad en el mismo lugar, resulta difícil incorporar un conjunto de procesos cuyo funcionamiento no puede ser homogéneamente distribuido, que requiere conexiones espaciales y donde los valores económicos son prácticamente imposibles de asignar. De hecho, la EEM reconoce explícitamente la dificultad de valorar el bienestar producido por servicios de soporte, por servicios de regulación y por servicios espirituales, lo que significa que la agenda pendiente en ese tema no es una agenda nacional, sino global. También queda pendiente incorporar mecanismos de valoración no monetaria.

Afortunadamente, existe una enorme inversión en investigación enfocada en la selva amazónica, generando información valiosa para documentar los cambios en el stock de carbono. Sin embargo,  los servicios ambientales de los que depende la mayor parte de la población del Perú (regulación del agua en zonas altoandinas, fijación de suelo, caza, pesca, bienestar espiritual) carecen de impulsos semejantes a la investigación, tanto básica como aplicada. Más aún, gran parte de los esfuerzos para entender el funcionamiento de los ecosistemas se concentran en la zona amazónica, aunque la mayor parte de la población habita la vertiente occidental de los Andes.

En este contexto, las investigaciones que el SEPIA quiere reunir en este eje temático buscarán, explorar la percepción que tiene la población sobre los servicios que recibe de los ecosistemas, y si la conciencia que se tiene de ellos es distinta en las áreas urbanas o rurales. Interesa, por ejemplo, saber si existe una buena o una mala correlación entre la provisión real de los servicios ambientales y la percepción que sobre ellos se tiene, o si una mayor conciencia conlleva a mejores prácticas de manejo de recursos naturales. En los lugares donde la conciencia es alta, ¿han sido los medios de comunicación, la tradición cultural, la educación formal o las actividades de ONGs, empresas o estado la que ha permitido dicho aprendizaje?

Desde la perspectiva de los ecosistemas, son preguntas relevantes ¿cuáles son las características mínimas que deben mantenerse en un ecosistema para que pueda seguir proveyendo servicios ambientales? ¿Hay un tipo o conjunto mínimo de especies en cada ecosistema que deba brindar cada servicio ambiental o hay efectos de remplazo? Las extinciones locales, causadas por cambios en el uso de la tierra, deforestación, uso inadecuado de los recursos, cambio climático, deforestación, ¿pueden afectar la capacidad de proveer los SSAA?

En cuanto a los avances sobre la medición de los SSAA interesa saber con qué experiencias concretas de valoración o de priorización de SSAA contamos, dónde se ubican y si son representativas del territorio nacional y de los distintos tipos de SSAA (provisión, regulación, culturales y de soporte). Interesa también saber si ellas incorporaron las características espaciales del territorio (conectividad entre parches, áreas mínimas, etc.) en su proceso de análisis. También es importante evaluar mecanismos no económicos de valoración de los SSAA, dónde se han implementado, si han ayudado a la gestión y a la toma de decisiones, y si existen otras opciones que podrían ser viables (en términos sociales) pero aún no implementadas a nivel nacional.

Por otro lado, el impulso a las actividades extractivas se ve como contrapuesto a la capacidad de los ecosistemas de proveer SSAA. ¿Hay experiencias suficientes para evaluar si esta percepción es real o no? ¿Hay soluciones reales a los problemas de corto, mediano y largo plazo? ¿Pueden los SSAA transferirse siempre de una localidad a otra o existen localidades que deben considerarse irremplazables o irrecuperables? ¿Están los EIA generando la información de campo necesaria para evaluar objetiva e integralmente los servicios ambientales? ¿Existe la institucionalidad (actores, marco normativo, etc.) para desarrollar recomendaciones técnicas que todos los actores respeten?

A escala macro de planificación, las Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) deberían ayudar a hacer evaluaciones integrales de viabilidad biofísicas de las opciones de desarrollo que una región, o el país, quieran optar. Sin embargo, ¿cuántas experiencias existen a nivel nacional de estudios que incorporen directamente la evaluación de los servicios ambientales? ¿Cómo se compatibiliza la multiplicidad de servicios ambientales que puede proveer un ecosistema con la lógica actual de optar por un único beneficio esperado (monocultivos, concesiones forestales o de turismo o de castaña)? ¿Cuáles son las estructuras institucionales necesarias para soportar este tipo de análisis y procesos participativos y cuánto de ellas existe en el país?

En el caso de varios servicios ambientales, particularmente los de regulación, es habitual que existan actores sociales directamente vinculados con el manejo de los ecosistemas que proveen dichos servicios ambientales, mientras son otros los actores que están más directamente vinculados con los beneficios, es el caso de la regulación del agua, del clima, del flujo de carbono, o de la erosión. ¿Existen vínculos entre estos actores? ¿Cómo se construyen estos vínculos? ¿Cómo se dan los procesos de toma de decisión, acuerdo, negociación o disputa entre ellos?

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